La Fuerza Aérea Argentina presentó una demanda de desalojo, en conformidad con la ley 17.091, respecto a una vivienda que había otorgado en condiciones de tenencia precaria, temporal y excepcional a una empleada civil bajo la figura de permiso de uso, dado que pertenecía al personal civil en activo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba rechazó la solicitud de desalojo basándose en la ley 17.091, argumentando que la documentación presentada en el caso no comprobaba la titularidad ni la propiedad de la Fuerza Aérea Argentina sobre el inmueble, lo que representaba la falta de uno de los requisitos necesarios para proceder con la acción de desalojo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió anular la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. La Corte argumentó que la Cámara había procedido a examinar cuestiones relativas a la titularidad del inmueble por parte de la Fuerza Aérea Argentina sin proporcionar razones que justificaran tal examen. Esto ocurrió a pesar de que el juez de primera instancia ya había concluido el debate sobre ese tema, considerando que la objeción presentada por la señora Oliva, la demandada, era extemporánea, y que ella no había impugnado de forma adecuada y precisa ese aspecto de la decisión.
La Corte sostuvo que la decisión de la Cámara representaba una falta de observancia del principio de congruencia y de la cosa juzgada. Estos principios, que tienen sus raíces en la Constitución, han sido reconocidos por la Corte Suprema y su cumplimiento se considera una exigencia del orden jurídico con rango superior.
Con la anulación de la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, el caso toma un nuevo rumbo, poniendo en evidencia la importancia del respeto a los principios legales y el proceso adecuado en casos de disputa sobre propiedades.
