El caso en cuestión se inscribe en el complejo entramado del derecho administrativo y contractual, arrojando luz sobre las rigurosas formalidades que rigen las contrataciones públicas y los principios procesales fundamentales. El actor, buscando el pago y la cancelación de una deuda por supuestas prestaciones realizadas a favor de la Municipalidad de Río Grande, enfrenta un escenario legal adverso dada la ausencia de cumplimiento con las formalidades legales esenciales para la validez de las contrataciones con entidades estatales.
Desde el inicio, el caso se ve marcado por la admisión de ambas partes sobre la no observancia de las formalidades establecidas por la normativa vigente en materia de contrataciones públicas. La falta de procedimientos válidos de selección de contratista, reserva de crédito presupuestario, acto de adjudicación, suscripción de contrato y emisión de órdenes de compra, constituyen deficiencias críticas que socavan la base legal de la reclamación del demandante.
Al ser evaluada por el máximo Tribunal Provincial, la acción del actor se encuentra con un obstáculo insuperable: la inexistencia de una contratación pública válida. Este punto, sumado a la incapacidad del actor de presentar pruebas concretas —como duplicados de facturas— que demostraran la realización de los servicios, conduce a un rechazo de la demanda. Aún más, se destaca que, incluso si se hubiese demostrado una contraprestación por parte del actor, tampoco procedería el reconocimiento del enriquecimiento sin causa, ya que el demandante no formuló esta pretensión en su escrito inicial de manera subsidiaria a la pretensión principal, lo que vulneraría el principio de congruencia procesal. Por lo tanto, la demanda es rechazada por mayoría.
