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Ushuaia, sábado 29 de marzo de 2025.-
En la primera Sesión Ordinaria del Parlamento, la Legislatura aprobó el proyecto de Resolución presentado por la legisladora del Partido Verde, María Laura Colazo, en la que se rechaza la desregulación de actividad turística impulsada por la Administración de Parques Nacionales (APN). Desde la Cámara se cuestiona que la medida afecta la fuente de trabajo de guías de turismo de la Provincia y profundiza la precariedad laboral.
En el texto legislativo se manifiesta el acompañamiento y el apoyo “a todos los y las guías de turismo de la Provincia, así como su imperioso rechazo y repudio a las Resoluciones 61/2025 y 62/2025 de la Administración de Parques Nacionales”.
Cabe mencionar que los documentos dictados por el área a cargo de los treinta nueve territorios protegidos que posee el país, plantea modificaciones en el Reglamento de guías de los Parques Nacionales y en el de Permisos Turísticos. Las y los Legisladores lamentaron la flexibilización, puesto que se excluye la necesidad de contar con guías de turismo en los Parques Nacionales.
En los fundamentos de la iniciativa, se cuestiona que el nuevo reglamento permite que cualquier persona mayor de 18 años, que sepa leer y escribir en español, pueda habilitarse como guía en un parque nacional, sin necesidad de contar con un título terciario o universitario.
Asimismo, Colazo lamenta que “el nuevo reglamento permite que las agencias de viajes decidan si ingresan o no con un guía de turismo a los parques nacionales, lo que podría afectar la conservación de las áreas protegidas, así como la posibilidad de fomentar el desarrollo de servicios turísticos privados sin control en estos espacios”.
La Legisladora expresó su preocupación ante el nuevo escenario que se plantea dado que se afecta la fuente de trabajo de los guías de turismo de la Provincia. Sumó que “superan las doscientas cincuenta personas y profundizan la precariedad laboral. Asimismo, la naturaleza no reconoce límites físico-políticos por lo que su protección y conservación es tarea de todos”, opinó.
Por otro lado, informaron que remitirán la declaración al Parlamento Patagónico a fin de que se promuevan manifestaciones similares en ese órgano regional y en las provincias que lo componen.
FUENTE: Prensa Legislatura
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La Sala II de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Mar del Plata, por mayoría, ratificó la condena contra una aseguradora que se negó a indemnizar por un daño total, a pesar de la evidencia pericial contundente que respaldaba la solicitud. El Tribunal desestimó los reclamos sobre daño moral, punitivo y gastos de garaje, y, además, revocó la declaración de inconstitucionalidad del nominalismo al considerar que no fue solicitada por la parte actora, lo que configuró un vicio de congruencia en el proceso.
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La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha revocado recientemente una sentencia de primera instancia, considerando que el accidente cerebrovascular (ACV) sufrido por un trabajador en su lugar y horario de trabajo se configura como un accidente ocurrido “en ocasión de” la prestación laboral, tal como establece el artículo 6 de la ley 24.557. Esta decisión impone a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) la obligación de abonar prestaciones tanto dinerarias como en especie al trabajador afectado.
La Cámara destacó que la cobertura por accidentes de trabajo no se limita a aquellos incidentes directamente relacionados con la actividad laboral, sino que también incluye aquellos que ocurren “en ocasión” de dicha actividad. Este enfoque amplía el alcance de la protección que reciben los trabajadores, garantizando que situaciones como la de este trabajador no queden desamparadas.
Además, la decisión se fundamenta en el principio “in dubio pro operario”, consagrado en el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que establece que en caso de duda sobre la calificación de un accidente, debe prevalecer la interpretación más favorable para el trabajador. Este principio resalta la finalidad protectora de la legislación laboral, reconociendo la vulnerabilidad inherente a la condición del trabajador en el ámbito laboral.
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A través de la Decisión Administrativa 07/2025 el gobierno premia a funcionarios que despiden empleados con “sobresueldos” por generar ahorro presupuestario.
Sturzenegger, firmante de la norma junto a Francos y Caputo, criticó a los sindicatos y al modelo económico anterior, sugiriendo que la estructura de poder en Argentina está dominada por una “casta” que frena el crecimiento económico.
Definió que el objetivo del gobierno sigue siendo desmantelar las regulaciones y los privilegios existentes y asegura que esta estrategia de reducción del gasto no ha generado recesión, sino que ha permitido una menor carga tributaria.
La administración del presidente Milei ha implementado un sistema de evaluación pública que ha sido criticado por su alto costo y cuestionado por su efectividad, dado que la mayoría de los evaluados aprobaron.
Hasta ahora, el gobierno ha eliminado más de 200 áreas de la administración pública, argumentando que muchas de estas eran redundantes o innecesarias y continúa con su plan “Motosierra”.
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A través del Decreto 225/2025, el Poder Ejecutivo Nacional ha creado la Agencia Federal de Emergencias (AFE), un organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. Esta iniciativa responde a la necesidad de centralizar los esfuerzos del gobierno nacional en la prevención, control y mitigación de desastres naturales, especialmente ante los recientes incendios forestales en la Patagonia y las inundaciones en varias provincias.
La AFE tendrá como objetivos principales coordinar la respuesta ante situaciones extraordinarias y emergencias en el territorio nacional, asegurando un despliegue eficiente de los recursos disponibles para las tareas de preparación y respuesta ante crisis. La creación de esta agencia se basa en las experiencias acumuladas en incidentes anteriores y busca reducir los efectos negativos sobre la población afectada.
El nuevo organismo estará dirigido por un Director Ejecutivo con rango de Secretario y un Subdirector Ejecutivo de rango de Subsecretario, ambos designados directamente por el Presidente. La AFE actúa como la autoridad nacional en la gestión integral del riesgo y la protección civil, conforme a las leyes vigentes.
La implementación de esta medida tiene como finalidad fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar desastres y garantizar una respuesta rápida y efectiva ante situaciones críticas, mejorando así la seguridad y bienestar de los ciudadanos argentinos.
La Agencia Federal de Emergencias comenzará a operar oficialmente desde su publicación en el Boletín Oficial.
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La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) dictó una sentencia definitiva en un caso laboral, pero la parte demandada interpuso un Recurso Extraordinario Federal que aún está pendiente. Las partes presentaron un acuerdo conciliatorio, lo que llevó a la CNAT a determinar que el juzgado de primera instancia es el tribunal competente para homologar dicho acuerdo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) había establecido previamente que, antes de abordar cualquier queja, debe evaluarse cómo afectaría un acuerdo conciliatorio tras la sentencia de Cámara, evitando así pronunciamientos inoficiosos. La CNAT concluyó que suspendía el tratamiento del recurso y enviaba las actuaciones al juez de primera instancia, quien tiene la competencia para evaluar y homologar el acuerdo. Esto busca evitar la incertidumbre sobre las prestaciones que debe cumplir la parte demandada y agilizar la resolución del conflicto.
