En una resolución reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ratificó un dictamen que descartaba el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, que fue dirigido contra una sentencia que había determinado como inconstitucionales determinadas disposiciones de la ley 27204, perteneciente al ámbito de la Educación Superior.
El Máximo Tribunal aseveró que, basándose en las normativas que delinean las competencias del Ministerio Público, no se le concede una legitimación excepcional para intervenir en disputas de carácter no penal, desvinculado de la postura procesal adoptada por las partes implicadas. En consecuencia, el organismo no posee el derecho de cuestionar autónomamente una sentencia definitiva que ha cerrado el caso en disputa.
Este pronunciamiento de la CSJN pone de relieve una interpretación estricta y delineada del papel que desempeña el Ministerio Público en el marco legal argentino. Se subraya aquí que el ámbito de actuación de este organismo está claramente demarcado y no incluye la potestad de impugnar decisiones judiciales en instancias donde las partes han expresado su conformidad con el fallo emitido.
El Ministerio Público, no puede operar de manera autónoma e independiente a la postura asumida por las partes en litigio, especialmente en asuntos no penales. Este fallo resalta la primacía de la voluntad de las partes implicadas en un proceso, sobre la posibilidad de intervención de entes estatales, promoviendo así la autonomía procesal y el respeto a los acuerdos alcanzados por las partes.
