El juez federal de Esquel, Guido Otranto, ordenó el desalojo de tierras ocupadas en el Parque Nacional Los Alerces, tras una demanda presentada por la Administración de Parques Nacionales (APN). La decisión se basa en la confirmación de que las tierras ocupadas forman parte del dominio público nacional, pertenecientes al parque y su reserva.
El fallo afecta a Cruz Cárdenas, Belén Salinas y otros ocupantes de áreas como la ex Población Felidor Salinas, Seccional El Maitenal, valle del Arroyo Cascada, y las nacientes del Arroyo Rañinto. La APN, en su rol de custodio de estas tierras, argumentó que tiene la autoridad para reubicar a los pobladores que ocupen tierras de dominio público o expulsar a los intrusos que se encuentren en estos territorios. Además, se documentaron actos de vandalismo y violencia contra guardaparques, así como daños a la infraestructura del parque, cometidos por los ocupantes.
El juez Otranto fundamentó su decisión en la necesidad de que el ejercicio de derechos se realice de manera legítima, subrayando que cualquier intento de ejercer un derecho utilizando medios no autorizados por la ley constituye un abuso. En consecuencia, la judicatura tiene la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para restaurar el orden y revertir los efectos de tales ocupaciones ilegales.
Antes de ejecutar el desalojo, el juez ordenó una constatación judicial del territorio para evitar confrontaciones y mitigar cualquier contingencia que pudiera alterar el normal desarrollo de las actividades judiciales. Esta medida busca recabar información precisa sobre la cantidad de personas presentes en el lugar, incluyendo mujeres, niños y adolescentes, así como registrar la cantidad de viviendas.
Finalmente, el juez autorizó el uso de la fuerza pública en caso de que se encuentre resistencia por parte de los ocupantes, e incluso el allanamiento de viviendas si fuera necesario.
