El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 2° Nominación de la ciudad de Río Tercero exhortó a la Superintendencia de Seguros de la Nación a que ordene a las compañías de seguro emitir pólizas “en lenguaje claro y no técnico” a los fines de garantizarle a los usuarios “la completa y real comprensión de lo que contratan”.
En el caso “Reartes Altamira, Brisa Antonella y otros c/ La Segunda Cía. de Seg. Personas S.A. – Abreviado – Cumplimiento/Resolución de contrato – Trámite oral”, los beneficiarios de la póliza de un seguro por accidentes personales de un chofer de camiones presentaron una demanda contra la aseguradora por rechazo del pago.
Explicaron que, el 14 de julio de 2019, el asegurado se encontraba en el puerto en la zona de Rosario haciendo fila para descargar el camión que conducía. Tras descubrir las lonas que tapaban el rodado, a los fines de la posterior descarga de cereal, sufrió un infarto por el esfuerzo realizado y falleció casi instantáneamente.
Rechazo del pago de la póliza
Los beneficiarios pidieron que se les pague la póliza. Pero la aseguradora rechazó el siniestro por medio de carta documento dado que, en virtud de la dinámica denunciada, consideró que no correspondía a un hecho súbito y violento, causado por un agente externo, por lo que no se cumplía con lo estipulado en la Cláusula N° 2 de Condiciones Generales del contrato.
Los actores presentaron una demanda en la que indicaron que jamás se le entregó al asegurado una copia de la póliza ni posteriormente a ellos, por lo que no conocían lo que señala la Cláusula N° 2 mencionada.
La jueza Silvana Asnal analizó la póliza adjuntada al expediente y señaló que correspondía rechazar la demanda de cumplimiento de contrato.
Pero indicó que el contrato era un “documento poco atractivo y difícil de leer; con letras, en algunos casos ilegibles y poco actualizado para los tiempos que corren”.
Modelos de póliza poco entendibles
Para la magistrada, los modelos de pólizas que actualmente se utilizan no solo resultan “poco entendibles” para la mayoría de los usuarios, sino que “cuentan con un formato de difícil lectura, aburrido (por el tipo de letras que usualmente se utilizan) y tedioso (por el contenido y su extensión)”.
“Los jueces estamos obligados a utilizar lenguaje claro y llano, de manera que –no solo los abogados- sino los propios justiciables puedan leer y entender nuestras resoluciones. Entiendo que dicha obligación puede (y debe) hacerse extensiva a las compañías de seguro, a fin de garantizar que todos los usuarios tengan completa y real comprensión de lo que contratan”, concluyó.
Así, rechazó la demanda por cumplimiento de contrato y daño punitivo en contra de una compañía de seguros por considerar que la empresa no incurrió en ningún incumplimiento, pero estimó conveniente instarla a que adopte medidas efectivas para que sus clientes tengan acceso a información clara, precisa y detallada sobre los productos que contratan.
Asimismo, instó al ente nacional a que disponga la implementación de pólizas que sean “accesibles para personas con discapacidades permanentes o transitorias, adultos mayores, personas extranjeras y personas con escasa escolarización”.
Lenguaje claro, beneficio para los ciudadanos
En el artículo “Una propuesta de lenguaje jurídico claro para la Argentina”, publicado en Temas de Derecho Penal y Procesal Penal de Erreius, Carmen De Cucco Alconada y Mónica Graiewski explicaron que “la tendencia mundial a la simplificación del lenguaje jurídico ha llegado a nuestro país para quedarse”.
“Evidentemente, como cualquier cambio cultural, demandará tiempo, porque implica rever valores, actitudes, modelos textuales y convenciones arraigadas”, añadieron.
En ese punto, destacaron que “la transformación no solo beneficiará al ciudadano, que tiene derecho a comprender las normas que debe cumplir, los formularios que debe completar y las decisiones judiciales que lo involucran o le interesan”.
Y remarcaron que “toda propuesta de modernización de un lenguaje técnico debe redactarse en un lenguaje claro, respetar su especificidad y adecuarse al contexto”.
Entre estos puntos recomendaron generar “formación jurídica del ciudadano desde la escuela”, así como “formación de legisladores y asesores en lenguaje administrativo claro para evitar que la falta de claridad de las leyes se replique en disposiciones reglamentarias y en la aplicación de esas normas”.
Asimismo, sugirieron crear “servicios de atención e información al ciudadano en lenguaje claro en el ámbito de los tres poderes del Estado”.
