La resolución judicial emanada por la justicia federal de La Plata, ante la acción promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), constituye un pronunciamiento de notable importancia en el ámbito del derecho administrativo y constitucional. A través de la medida cautelar interpuesta, se logra la suspensión del artículo perteneciente al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/203, que derogaba la ley 26.737 de Tierras Rurales. Este fallo judicial es emblemático al considerar la pretensión del CECIM no solo desde una perspectiva de interés individual o particular del ente demandante, sino elevándola a la categoría de un interés superior, clasificado como un bien colectivo e indivisible.
La fundamentación de la medida cautelar reposa en la preservación de la soberanía nacional sobre el territorio argentino y sus recursos hídricos, reconociendo estos elementos como de titularidad común y, por ende, inalienables y fuera del alcance de intereses particulares o de apropiación privada. La decisión subraya la importancia de la ley 26.737 en el marco normativo argentino como un instrumento de salvaguarda de la soberanía territorial frente a la potencial extranjerización de las tierras rurales.
Este fallo se inscribe en la jurisprudencia argentina como un precedente de relevancia en la protección de los bienes colectivos, evidenciando la capacidad del derecho administrativo de intervenir eficazmente en la protección de intereses supra individuales, especialmente aquellos que atañen a la preservación de la soberanía y el patrimonio nacional. La actuación judicial refleja, asimismo, la aplicación de principios de derecho público que priorizan el interés general sobre negociaciones o políticas que puedan comprometer los recursos y la integridad territorial de la nación.
